¿Puede la inteligencia artificial sustituir a un juez en un tribunal?

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¿Puede la inteligencia artificial sustituir a un juez en un tribunal?

Los algoritmos de predicción de sentencias existen y son capaces de generar resoluciones correctas en un 79% de los casos. Este sistema será una herramienta útil, pero no acabará con la figura del juez.

En el sector de la abogacía se habla mucho de la llegada de la inteligencia artificial (IA) y de las labores que podría cumplir dentro de una firma. Pero, ¿podría esta misma tecnología sustituir a un juez? La respuesta a esta pregunta no es simple, puesto que es necesario matizar qué espacios podría suplir este sistema informático. Pero la realidad es que, en muchos casos, la IA podría alcanzar decisiones totalmente correctas.

Un grupo de investigadores del University College London, la Universidad de Sheffield y la de Pennsylvania se ha propuesto demostrar esta posibilidad. Mediante el desarrollo de un algoritmo, capaz de analizar los datos de casos de la Corte Europea de Derechos Humanos (CEDH), se ha logrado predecir un 79% las resoluciones alcanzadas en 584 asuntos.

Ampliando esta hipótesis a España, muchos piensan que esta tecnología podría aplicarse a nuestra Administración de Justicia y lograr así rebajar los tiempos utilizados para resolver casos. “La mayor parte de los asuntos que llegan a la CEDH tienen una solución objetiva que, mediante el análisis de la normativa vigente, es posible resolver con facilidad. En temas tan claros como éstos, sería posible aplicar sistemas cognitivos -bases de datos que recopilan sentencias y jurisprudencia- o de inteligencia artificial. Así, procedimientos que, por razones puramente formales se extienden durante años, se podrían resolver en pocos meses”, explica Pablo F. Burgueño, socio del despacho de abogados Abanlex.

Sin embargo, tanto para este especialista como para Alejandro Touriño, socio director de Ecija y autor del libro Derecho digital. De la protección de datos a la ciberseguridad, no todas las jurisdicciones podrían emplear esta herramienta para dictar resoluciones. “En el ámbito penal o en causas centradas en derecho de familia, por ejemplo, es impensable utilizar este tipo de algoritmos, puesto que no sólo se manejan indicadores objetivos, sino que aparece un elenco de derechos subjetivos que deben tenerse en cuenta y que necesitan de la interpretación de un juez”, apunta Touriño.

Joaquín Muñoz, director del área de nuevas tecnologías de Ontier, insiste en que “un juez no sólo aplica la ley, sino que también la interpreta según las situaciones que le son presentadas. Por ahora, este tipo de máquinas no tienen criterio social, ni son capaces de sopesar las circunstancias personales de cada afectado”.

Jurisdicciones

Los tres especialistas en nuevas tecnologías sí creen que la IA podría aplicarse en asuntos relacionados con el derecho de los negocios en los que existan infracciones económicas o temas de competencia desleal o en jurisdicciones como la fiscal -casos de contabilidad-, la civil -deudas, multas de tráfico, aseguradoras- o en temas de marcas y patentes. Sin embargo, y teniendo en cuenta el estado actual de nuestra Justicia y su lenta digitalización, ninguno apuesta por que veamos la aplicación de esta herramienta en nuestros tribunales en los próximos años.

Muñoz insiste en que la IA será útil, pero no acabará con la figura del juez. “Aunque se pueda utilizar un algoritmo para resolver asuntos, cualquier fallo generado por esta vía siempre deberá ser verificado y refrendado por un juez y, en caso de desacuerdo, tendrá que existir una posibilidad de recurso”.

El letrado explica que como no existen dos casos idénticos, estos sistemas, más que para resolver casos, podrían servir de apoyo a la hora de tomar decisiones. “Se presupone que los jueces conocen el conjunto de la normativa vigente, pero esto es casi imposible. Algoritmos como éstos podrían ayudar al magistrado, aportándole el conjunto de argumentos legales aplicables y proponiéndole ciertas decisiones, lo que aligeraría los tiempos necesarios para dictaminar”.

Para lograr la integración de este tipo de herramienta, Touriño cree que se podría alimentar al software desarrollado con el contenido de las bases de datos de sentencias públicas y contrastadas, como la del Centro de Documentación Judicial (Cendoj) o recopilaciones de resoluciones de instituciones nacionales como la Agencia Española de Protección de Datos. Sin embargo, también sugiere que para que se convirtiera en una realidad “habría que generar un salto cualitativo tanto tecnológico como cultural dentro de la Administración de Justicia e impulsar cambios procesales para admitir resoluciones generadas por IA”, concluye.

 

Por  Victor Moreno | Madrid

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